Jubilazo con recursos fiscales

Enrique Manzur

El justificado revuelo generado por la asignación de altísimas pensiones a funcionarios de Gendarmería obliga a reflexionar sobre las causas de estas anomalías y sus implicancias en el diseño de políticas públicas. Lo primero es que, a diferencia de la mayoría de los chilenos, los funcionarios de Gendarmería no cotizan en AFP sino que en una Caja especial, Dipreca, que incluye a Carabineros. Más importante aún, es que mantienen un sistema de reparto, es decir el monto de su pensión no está relacionado con lo aportado, sino que esta se determina considerando el promedio de sus últimas rentas. Lo anterior, genera un obvio incentivo a "obtener" aumentos significativos en esos meses de manera de mejorar el monto que se recibirá de por vida. Esto entrega a las autoridades superiores el poder discrecional de influir en el bienestar futuro de sus subalternos sin que esto les signifique mayor costo, es decir, pueden actuar con generosidad con recursos de otros. Esta práctica permitió que el promedio de las pensiones mensuales en Gendarmería fuera de $1,1 millones, 5 veces mayor que el promedio de los chilenos en las AFP ($210 mil) y 50% más que el promedio en Carabineros ($730 mil).

En el caso específico de la ex subdirectora técnica, sus remuneraciones se duplicaron en los meses anteriores a su jubilación, permitiéndole obtener una pensión vitalicia de $5,2 millones. Como referencia, para obtener ese monto en el sistema de capitalización se requeriría acumular unos $1.200 millones en la cuenta individual, lo que equivaldría a cotizar $1,5 millones cada mes ininterrumpidamente por 30 años. Así surge otro problema, como las cotizaciones no alcanzan a cubrir las pensiones el Estado debe aportar una parte significativa. En el caso de Gendarmería, casi el 80% del monto corresponden a subsidio fiscal. Adicionalmente, en los últimos 2 años 200 funcionarios de Gendarmería recibieron pensiones sobre las 60 UF ($1,6 millones), que es el tope legal que se aplica a otras entidades públicas, y de ellos 28 obtuvieron sobre los $3 millones. De esta manera, el Estado termina utilizando los recursos que recauda de todos los chilenos para financiar pensiones que colocan a los afortunados beneficiados en el 10% de mayores ingresos del país y ¡de por vida!

Lo ocurrido pone de manifiesto las debilidades y potenciales vicios de un sistema de reparto, tanto por su vulnerabilidad ante de grupos de poder, su altísimo costo para el Estado y las profundas inequidades y discriminaciones que genera.